Ninguna de las dimensiones que establecen si un país tiene seguridad alimentaria se cumplen en Venezuela. El manejo de los mecanismos de protección social no es el adecuado, los alimentos que se reparten dentro de los programas oficiales no tienen los nutrientes necesarios, los precios suben y bajan como una montaña rusa en el tiempo y no hay un hogar que pueda tener la certeza y estabilidad para saber qué va a comer la semana que viene o el próximo mes.
Así interpretó la experta en nutrición, Susana Raffalli, la crisis alimentaria en el país. Tomó en cuenta las cuatro dimensiones de alimentación para tener una vida saludable y sana. Esto incluye: tener una oferta adecuada en términos de cantidad y calidad, que sea nutricionalmente rica, válida e inocua y que las personas tengan acceso físico y económico. Debe tener una adecuación cultural, es decir, que sea consistente con un patrón de identidad; no hay seguridad alimentaria al distribuir en Venezuela una harina para hacer tortillas mexicanas, por ejemplo.
La tercera dimensión es que haya un consumo, que las personas tengan información y espacios en que la alimentación sea posible y la cuarta es la estabilidad de todas las dimensiones: el alimento debe ser suficiente, adecuado, accesible y que se cumplan todas esas condiciones de forma estable.
Cada 18 de noviembre se celebra el Día Nacional de la Alimentación, en conmemoración a la creación del Instituto Nacional de Nutrición en 1949, durante la presidencia de Rómulo Gallegos, y para recordar la necesidad de garantizar bienestar nutricional a la población. Precepto que hoy en día se cuestiona, debido a que un alto porcentaje de la población está malnutrida y no puede hacer las tres comidas diarias.
La realidad de Venezuela no acata esos criterios. A juicio de Raffalli, la oferta alimentaria agregada que el Estado está en capacidad de garantizar a la nación tiene un déficit de 20 a 25% por el deterioro del aparato productivo nacional y la caída de las importaciones. El acceso de los alimentos está seriamente comprometido por la escasez de combustible y el poder de compra del salario mínimo que no es mayor a 1% de la canasta de alimentos.
“Ni sumando los bonos, ni sumando los alimentos subsidiados de la caja CLAP y el salario mínimo se llega a tener siquiera 30% de la canasta del grupo de alimentos mínimo que una familia en Venezuela necesita, y eso, por definición, es una inseguridad alimentaria muy severa”, enfatizó Raffalli.
Raffalli comentó que la desnutrición en Venezuela se remontó a niveles que no veía desde el año 2017 y lo asocia a los efectos de la pandemia de la COVID-19.
La inseguridad alimentaria
“Hemos pasado hambre y todavía no nos podemos recuperar”, lamentó Roberto, un guardaparques del Instituto Nacional de Parques (Inparques) que en la primera quincena del mes recibe 528 mil bolívares y en la segunda 900 mil bolívares, que incluye el bono de alimentación. En total, su sueldo es equivalente a menos de 2 dólares.
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Al revisar qué es lo que come Roberto en un día común, cae en cuenta de que siempre es lo mismo: una yuca sancochada, una arepa que muchas veces no tiene relleno, una taza pequeña de café para que la bolsita rinda durante lo que queda de mes. Las proteínas las integra en su menú dos o tres veces a la semana, en especial si logra conseguir un pollo entero a buen precio. De resto, se llena con pasta, arroz y granos.
La bolsa de comida se convirtió en una forma de manipulación y control social, según sostienen investigadores y ciudadanos. Luego de tres meses de cuarentena fue que llegaron a la institución donde trabaja Roberto. Cuando los trabajadores buscaron la comida, a muchos les dijeron que estaban en una lista de inasistentes. Ningún jefe tiene en mente que no han ido a trabajar porque el pasaje mensual hasta los puestos de guardaparques es más alto que el propio sueldo, no tienen uniformes o deben caminar muchos kilómetros porque no hay transporte.
Roberto, un guardaparques con más de 20 años de experiencia, se pone en las manos de Dios para saber qué va a comer cada semana. A sus 60 años de edad tiene las defensas mucho más débiles.
Pero, más allá de los silencios, las organizaciones basan sus números en encuestas y entrevistas a grupos considerables de personas. Así fue como el Reporte Mundial sobre las Crisis Alimentarias 2020 incluyó a Venezuela como la cuarta peor crisis alimentaria del mundo, calificándola en un estatus más grave que el descrito en Etiopía, Sudán, Nigeria, Siria y Haití, un dato que alertaba sobre la necesidad de una ayuda alimentaria desde hace tres años que no podían formalizar por falta de datos oficiales.
Que Venezuela apareciera por primera vez en este informe confirmó el deterioro a una escala que ya no se puede ocultar. El impacto fue tal que, al menos siete organizaciones como el Observatorio Venezolano de Salud, la Fundación Bengoa y el Colegio de Nutricionistas-Dietistas de Venezuela se pronunciaron para alertar sobre la crisis.
Derecho humano a la alimentación
Raffalli precisó que la mejor manera de organizar las causas de la inseguridad alimentaria en Venezuela es utilizar el marco del derecho humano a la alimentación y las obligaciones del Estado como principal garante de la alimentación de una nación:
- La obligación de realizar de manera efectiva el proceso de facilitar alimentación a las poblaciones dependientes del Estado: cárceles, ancianatos, orfanatos y en los hospitales públicos.
- Garantizar que regula lo suficiente para que los actores que producen, distribuyen, almacenan y venden alimentos puedan cumplir su función de forma segura y estable. Incluye regular a la empresa privada cuando comete actos de especulación.
- Garantizar servicios públicos a toda la red del sistema alimentario y normativas que permitan un mercado sano.
El futuro está en riesgo
Ya en enero de 2019, la Unicef advirtió sobre un número creciente de niños en Venezuela que sufrían de desnutrición como consecuencia de una crisis económica. “Si bien no se dispone de cifras precisas, se está limitando el acceso de los niños a los centros de salud, medicamentos y alimentos de calidad”, enfatizó la ONG.
Dos años más tarde, en octubre de 2020, Cáritas Venezuela denunció la pérdida involuntaria de más de 10% del peso corporal de los niños en el país, conocida técnicamente como emaciación infantil. Al comparar febrero con julio, el incremento de niños menores a cinco años con desnutrición llegó a 73%.
Esos niños que entran en varios episodios de desnutrición o que estuvieron bajo los efectos de un mal comer permanente durante sus primeros dos años de vida, van a tener un retardo del crecimiento porque no tienen a la mano los sustratos nutricionales adecuados.
Para ser más exactos, un niño que no crece en sus primeros 1.000 días de vida, difícilmente después los recupere. Las consecuencias serán el retardo en su desempeño escolar, el rezago económico cuando sea adulto y una gran carga sanitaria porque en su adultez puede sufrir enfermedades metabólicas importantes.
Medidas necesarias
La nutricionista Raffalli recomendó medidas que deben ser tomadas en corto, mediano y largo plazo que guardan relación con lo alimentario, económico y sanitario:
- Liberación de las medidas tan restrictivas que hay en las operaciones del sistema alimentario.
- Una política adecuada de subsidios agrícolas bien focalizada a todos los productores del país y garantías de seguridad física y jurídica para producir alimentos en Venezuela.
- Importación masiva de insumos agrícolas.
- Rescatar el valor del trabajo y de la moneda. Mientras eso no ocurra, seguirá la migración masiva y la imposibilidad de la familia venezolana de generar ingresos para ser autosuficientes.
- Fortalecer los servicios de control de niños sanos, para garantizar la inmunización, promoción de la lactancia materna, el control de crecimiento y fortalecer desde allá los servicios de alimentación.
- Poner en marcha campañas masivas de suplementación con ciertas vitaminas que están carentes y una estrategia masiva de corrección de la anemia y desórdenes por deficiencia de hierro que hay actualmente en el país por la dificultad de acceso a carnes rojas.
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