«A este tío le compramos un hígado ilegal». «Vendimos a los medios que era de su primo. Con eso le pagamos dos años del contrato, lo que le quedaba». Esta conversación, a la que tuvo acceso El Confidencial, fue captada por la Guardia Civil el año pasado. El interlocutor, sin identificar, habla con el expresidente del Barça, Sandro Rosell, que se limita a asentir con monosílabos. Se refiere al caso del exfutbolista y actual secretario técnico del equipo, Eric Abidal, quien fue sometido a un trasplante de hígado en 2012 después de que le detectaran un cáncer. La conversación provocó que se abriera una investigación judicial por tráfico ilegal de órganos.
Aunque el asunto se archivó por falta de pruebas, aún sigue coleando: la Fiscalía de Barcelona ha pedido al juez que reabra la investigación, alegando que hay datos que no le cuadran. Si bien prima la presunción de inocencia sobre Abidal, la sospecha de que se valió de su posición privilegiada para saltarse los trámites habituales y acceder a un hígado sano no es infundada, visto el panorama: hace dos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía en un informe de que casi uno de cada diez trasplantes que se realizan en el mundo proceden del tráfico ilegal de órganos.
«La demanda de órganos es cada vez mayor», advertía José Ramón Núñez, director médico del Programa de Donación y Trasplantes de la OMS, durante su participación en el Congreso Europeo de Pacientes, Innovación y Tecnología que se celebra en Madrid, donde aprovechó para señalar que cada año «se deberían realizar más de un millón de trasplantes para cubrir las necesidades a nivel mundial». El experto se refirió a esta práctica como «turismo de trasplantes», del que se benefician personas «con un alto poder adquisitivo a costa de la vulnerabilidad y la miseria de la población con menos recursos».
Según la OMS, ningún país está exento de estas prácticas. Las mafias se mueven en busca de nichos de probreza.
Aunque las cifras son de por sí devastadoras, podrían ser aún peores. Según reconocen desde la propia OMS, al tratarse de una práctica ilícita que discurre por un mercado negro paralelo, se desconoce la dimensión real del problema, y los resultados del informe proceden únicamente de estimaciones.
Con todo, desde la organización apuntan a que han percibido un leve descenso en el porcentaje de trasplantes procedentes del tráfico ilegal, basándose en su estudio anterior de 2009. Esto podría deberse al trabajo de campo que ha realizado la por la OMS, pero también al hecho de que «el aumento de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión ha provocado que cada vez se necesiten más órganos», como apuntaba Núñez.
El estudio de la OMS desvela que el tráfico ilegal afecta sobre todo a los trasplantes de riñón, y advierte de que «ningún país está exento de estas prácticas». El perfil mayoritario de los clientes de este mercado negro, según el informe, son personas procedentes de Europa, Estados Unidos, Israel o los países árabes, que pueden permitirse pagar entre 150.000 y 200.000 euros por trasplante.
Según Núñez, el principal motivo de que el tráfico ilegal siga siendo una práctica generalizada se debe a «las enormes listas de espera». En la Unión Europea se realizan cada año unos 30.000 trasplantes pero, aun así, casi 70.000 personas siguen esperando un órgano a día de hoy.
Entre los países más afectados están India, Pakistán, Filipinas y algunos de América Latina
El estudio de la OMS también radiografía el perfil tipo del donante o vendedor ilegal: «Gente que vive “en situaciones de miseria o pobreza extrema, hasta el punto de ser capaz de vender un riñón para sacar adelante a su familia. Entre los países más afectados están India, Pakistán, Filipinas y algunos de América Latina, aunque las mafias se van moviendo en busca de nichos de pobreza».
«En India se han visto casos de chavales que han vendido un riñón a cambio de un ‘iPad», declaraba Núñez, al tiempo que denunciaba la existencia de «auténticas mafias que controlan estas prácticas con la complicidad de profesionales y centros sanitarios».
Varios países han tomado medidas ante esta situación. En el caso de España, se han endurecido las penas, que ascienden actualmente a 12 años de cárcel, y cinco veces el valor de lo pagado por el trasplante. Con todo, Núñez opina que son soluciones transitorias: «Si todos pudieran acceder a los trasplantes de forma gratuita y estuviera cubierto por el sistema, no existiría el tráfico de órganos», zanjaba el experto. Y posiblemente, hoy, los medios no estaríamos hablando del caso Abidal.
https://ethic.es/2018/08/trafico-de-organos/
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