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María Gabriela Hernández, presidente de la Subcomisión Permanente de Cambio Climático de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Parlamento Amazónico, en entrevista especial a Quinto Día explicó qué han hecho para darle forma al proyecto de ley marco sobre cambio climático que lidera dicha subcomisión.
Durante 2018, “aun con las dificultades que este parlamento nacional ha venido presentando, estamos trabajando en la redacción del proyecto de ley sobre cambio climático. Hemos consultado de manera amplia organizaciones y voces expertas que tienen mucho para aportar a un instrumento legal como éste”.
Dada la complejidad de áreas que comprende una ley transversal como ésta y lo que implica, “hemos examinado y escuchado fundaciones, organizaciones civiles y centros de análisis, centros de investigación de las universidades y la Academia. Todos han aportado elementos para construir este instrumento legal para cambio climático”.
Hernández reiteró sobre la complejidad del tema y la necesidad de advertir que el cambio climático transversaliza todos los sectores del quehacer nacional.
“Toca al sector petrolero, al área energética, al sector construcción, infraestructura, salud, sector agropecuario, sector educativo. Por eso es indispensable consultar a quienes conocen sus áreas, para traer hacia el instrumento que elaboramos esa experiencia y conocimiento”.
Además, “estamos agrupando la experiencia internacional. El cambio climático abarca un poco más de la mitad de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), Naciones Unidas tiene una vasta enseñanza en el tema; varios países de América tienen ya sus proyectos marco de ley de cambio climático”.
Hernández resaltó que además de compilar y consultar datos para este instrumento legal “lo estamos haciendo en un momento en que hay crisis en todos los sectores; por ejemplo en los servicios de agua y electricidad, en la producción petrolera; en el sector ambiental con el arco minero y su devastación. Trabajar en este escenario complejo y recoger toda esta experiencia nos ha revelado lo desaprovechado que está el conocimiento y los recursos en Venezuela y —también— nos da la posibilidad de enrumbarnos hacia un desarrollo sustentable, cuidando que ese desarrollo vaya a la par con respecto a nuestros recursos”.
Una industria petrolera amigable
El trabajo parlamentario con los técnicos de la AN revela que entre los puntos de coincidencia de la información recogida surgen elementos comunes que son necesarios blindar y demandan un tratamiento especial en la ley en construcción.
El trabajo parlamentario con los técnicos de la AN revela que entre los puntos de coincidencia de la información recogida surgen elementos comunes que son necesarios blindar y demandan un tratamiento especial en la ley en construcción.
“Todos esos elementos apuntan hacia la industria petrolera; quieren una industria petrolera más responsable; también la diversificación del sector energético”.
A esta generación aun nos cuesta ver una Venezuela sin petróleo; “sin embargo, quienes conocemos un poco más sobre el cambio climático y con la mirada en la tendencia mundial de superar la era de los combustibles fósiles, nos corresponde ir abriendo los diferentes caminos para aprovechar el recurso pero también para colocarle protección y límites en el tiempo a esa etapa de explotación”.
El instrumento
Está estructurado por unos 20 artículos; una exposición de motivos; glosario de conceptos. La primera parte es institucionalidad sobre cambio climático, “en esta parte quisimos trasladar el poder del Estado hacia los sectores intermedios de la sociedad: universidades, la Academia, las alcaldías y gobernaciones; es primordial el papel de las comunidades, el Estado descentralizado sobre la protección de los proyectos en torno a cambio climático (adaptación y mitigación)”.
Está estructurado por unos 20 artículos; una exposición de motivos; glosario de conceptos. La primera parte es institucionalidad sobre cambio climático, “en esta parte quisimos trasladar el poder del Estado hacia los sectores intermedios de la sociedad: universidades, la Academia, las alcaldías y gobernaciones; es primordial el papel de las comunidades, el Estado descentralizado sobre la protección de los proyectos en torno a cambio climático (adaptación y mitigación)”.
Hernández subrayó que leyes marco sobre cambio climático de otros países refieren la importancia de la institucionalidad porque se necesita que funcione, sea activa y vigilante.
“Por ejemplo, en el Reino Unido hay una institución que es la que dicta cuáles deben ser las metas de disminución de emisiones así como de adaptación. Dicta las líneas gruesas para que —luego— el parlamento apruebe y sean directrices del Estado y de los particulares. En Venezuela queremos que esa institucionalidad la dicten desde las Academias y universidades; qué digan qué tiene que hacer el Estado y que éste actúe en consecuencia”.
La Diputada reiteró “cambio climático es transversal a todas las áreas de la sociedad, por eso es importante que las comunidades estén imbuidas, empoderadas de las directrices y de cómo se van a ejecutar”.
El instrumento cuenta, además, con un capítulo sobre adaptación y otro sobre la disminución de emisiones (mitigación). También hay un título sobre penalidades. “Hemos querido que en esta ley vaya un título que englobe lo referido con cambio climático específicamente; y sancionar no con privación de libertad sino con sanciones pecuniarias y de acción a quien vulnere e irrespete la ley”.
Otros títulos de la ley son “directrices para la industria petrolera y el sector agricultura, porque está asociada con la formación de bosques. Impulsar bosques en Venezuela puede ser una forma de ingresos para el Estado venezolano; que se adapten a nuestra amazonia, a nuestras fuentes de agua. Estamos obligados a contribuir con la resiliencia de la naturaleza. Con el calentamiento y la erosión que estamos ocasionando en los nacimientos de los ríos estamos poniendo en riesgo agua y electricidad”.
La escasez de técnicos y asesores en la AN presiona para solicitar experiencia entre expertos externos.
Se prevé que el primer borrador de esta ley marco esté listo en los siguientes días, “queremos que esté a disposición del público y empezar a discutirlo abiertamente”.
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El Parlamento Amazónico se activa frente al arco minero
Esta cámara de diputados une a los nueve países que comparten el Amazonas: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, y Surinam.
Esta cámara de diputados une a los nueve países que comparten el Amazonas: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, y Surinam.
Se cree que la dinámica burocrática hizo que dejara de funcionar en varios países. Situación que vulnera a Venezuela frente al territorio compartido, la minería ilegal y la deforestación (que incide sobre el cambio climático).
“Brasil tiene su propio satélite y observa el Amazonas, tiene sus propias políticas y son eficientes. Pero, Ecuador y Colombia tienen problemas en la frontera que han originado problemas políticos”, explicó la diputada María Gabriela Hernández quien se ha dedicado a recorrer estos países a fin de promover la activación del Parlamento Amazónico.
En Venezuela el Parlamento Amazónico tenía dos años funcionando sin representantes. En febrero de 2018 se eligieron y estamos dinamizando con Colombia, Perú, Brasil y Ecuador para que nombren a sus diputados, para activar en la región al Parlamento Amazónico.
¿Por qué es importante que este parlamento se active? “Porque del lado venezolano tenemos un riesgo muy alto con el arco minero; y el río Amazonas y la Amazonia es un solo cuerpo viviente. Este parlamento lo valora así, como un solo ser vivo, sin fronteras; hay pueblos que están en riesgo y hay que protegerlos. Si queremos proteger el Amazonas tenemos que hacer un gran esfuerzo político con los diputados de cada país, para que nuestros gobiernos autoricen la creación de una fuerza élite de protección del Amazonas”.
El Parlamento Amazónico de Venezuela lo conforman actualmente: Ramón Flores, presidente (Caracas); María Gabriela Hernández, vicepresidente (Monagas); Larissa González (Delta Amacuro); José Hernández (Bolívar), Franco Casela (Caracas).
“La situación del Amazonas demanda atención urgente. Ya nos está trascendiendo. En Venezuela, no la podemos defender ante la desinstitucionalización del país. El Gobierno venezolano se ha propuesto el arco minero y está destruyendo el Amazonas; esto implica afectar —también— a los países que comparten el Amazonas con nosotros”.
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