TOBIAS JUNG ALTROGGE (FIIAPP)
La reciente tormenta tropical Nate ha provocado decenas de muertos y miles de evacuados en Centroamérica. Para Costa Rica ha sido uno de los peores desastres naturales de los últimos años. El diputado William Alvarado relata que, tras pasar lo peor, a la hora de evaluar los efectos del temporal y comenzar la reconstrucción, no consiguieron llegar con celeridad y coordinación a todos los municipios afectados. No fue por falta de medios, sino debido a la inexistencia de un mecanismo de coordinación entre el Gobierno central y las regiones.
Los mecanismos de articulación regional permiten establecer procedimientos para compartir medios en la respuesta a desastres naturales y a otros desafíos y necesidades de los ciudadanos. Precisamente, hace unas semanas, una delegación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica ha visitado el Senado y el Congreso de España, en el marco del proceso de adopción de una Ley de Desarrollo Regional, que busca acercar el proceso de toma de decisiones de las políticas públicas del país a la ciudadanía.
El diseño de esta ley ha estado acompañado por un programa regional de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, denominado EUROsociAL, que ha permitido al poder legislativo costarricense conocer durante años las experiencias de otros países de América Latina y de la Unión Europea en la aplicación de políticas de desarrollo regional, aportando de esta forma ideas que permiten mejorar las futuras políticas de desarrollo del país.
Este lunes, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha inaugurado el encuentro anual del programa EUROsociAL con la presencia de 250 representantes de los gobiernos de América Latina y la Unión Europea en San José. “La institucionalidad democrática es insustituible para la construcción de políticas justas e instituciones eficientes que resuelvan problemas”, ha subrayado.
Pero, ¿qué tiene que ver esta política de desarrollo regional de un país de América Latina, como Costa Rica, con España y con la Unión Europea? Mucho más de lo que parece.
La nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cuenta con su traducción europea en el Consenso Europeo para el Desarrollo, un compromiso conjunto de los Estados miembro, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que establece un marco común para la política de desarrollo que aplicarán las instituciones de la Unión Europea y sus países. De este Consenso parte el reto de movilizar todos los recursos para el desarrollo, incluyendo el conocimiento de las administraciones públicas.
Llevamos 15 años con informes del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea y de otras evaluaciones y documentos programáticos, como el Programa para el Cambio, que apuestan por el valor añadido de la cooperación entre administraciones homologas. Los gestores públicos comparten un mismo lenguaje, independientemente de su idioma, comprenden las implicaciones de un proceso de reforma de políticas públicas, son capaces de adaptar los modelos a sus realidades nacionales y aportan las redes de sus administraciones de origen.
Además de una actividad específica de intercambio internacional, traen de vuelta en su mochila una manera diferente de afrontar las políticas públicas bajo su responsabilidad y contribuyen a construir una visión compartida de las agendas de ambos países. Esta modalidad de cooperación implica una nueva forma de relación entre los países, más horizontal, basada en el diálogo y el aprendizaje mutuo.
España es pionera en este tipo de cooperación técnica pública. El Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 ya apostaba por una cooperación intensiva en conocimiento y España es el único país con una entidad como la Fundación Internacional de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), centrada en gestionar la participación de todas sus administraciones en proyectos de cooperación internacional y que actualmente está trabajando con 108 países.
El Consenso Europeo para el Desarrollo también apuesta por desarrollar mecanismos innovadores de cooperación con los países de desarrollo más avanzados. Países como Costa Rica con los que trabajamos de forma bilateral entre nuestras administraciones, a nivel regional con intercambios sobre políticas de desarrollo en la Red de Políticas Públicas para el Desarrollo Regional, impulsada por EUROsociAL junto a la CEPAL y la OCDE, de la que hoy asume la presidencia el MIDEPLAN (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica) de Costa Rica.
Con estos países también trabajamos a nivel global, construyendo agendas compartidas y valores comunes como forma de afrontar la globalización. Nuevamente, España con su Plan Director y sus prioridades de Política Exterior, lleva años apostando por ir "más allá del PIB" para medir los retos de desarrollo y seguir financiando la cooperación con los países de desarrollo más avanzados, especialmente los iberoamericanos. Y los estados socios de la comunidad iberoamericana demandan el conocimiento de nuestras administraciones.
La Cooperación Europea apuesta por este tipo de relaciones con programas regionales entre la Unión Europea y América Latina, como el mencionado EUROsociAL. Este es el soft power de la acción exterior de la Unión Europea, compartir nuestras decisiones, compartir nuestras debilidades y compartir nuestros valores. Son indudables las ventajas comparativas de la Cooperación Española para contribuir a construir un espacio euro-latinoamericano sobre el acervo iberoamericano, una comunidad de valores, como forma de responder a nuestros retos compartidos, y para generar bienes públicos globales.
Para ello, todos los incentivos para la participación de los trabajadores y trabajadoras del sector público en proyectos de cooperación internacional son bienvenidos, además de relevantes para su carrera profesional. En el marco del Practitioners’ Network, una red de agencias europeas de cooperación, se le ha encargado a la Fiiapp liderar un grupo de trabajo que identifique medidas concretas para fomentar la cooperación pública, medidas como la extensión de instrumentos de la Cooperación Europea, tales como el programa de hermanamientos, que financian proyectos de intercambio entre administraciones.
Esta apuesta por lo público en la cooperación internacional no es un reto sectorial de una nueva estrategia de gobernabilidad, es una cuestión estructural, de enfoque, de paradigma y de ventajas comparativas, de entender la cooperación técnica pública como herramienta para contribuir a construir valores globales.
Crear vínculos permanentes, más allá de la duración de un proyecto de cooperación, genera relaciones de confianza y valores compartidos, que contribuyen a afrontar de forma conjunta los desafíos globales. Acompañar a nuestros países socios en el diseño y la implementación de sus políticas públicas, ofreciendo el conocimiento de nuestras administraciones, es una forma de afrontar la globalización. Y nos ofrece una oportunidad para pasar de una cooperación de actividades, hacía una cooperación orientada en los resultados de políticas, que además contribuyen a un diálogo entre sociedades que comparten valores y decisiones en el ámbito multilateral. Se trata de una cooperación no intensiva en recursos, pero rica en aprendizajes.
Los desequilibrios entre países y regiones, entre sociedades y dentro de las sociedades, o entre generaciones, son parte de esos retos compartidos que solo podemos afrontar conjuntamente. En definitiva, volviendo al ejemplo inicial, si contribuimos a que Costa Rica logre acercar la toma de decisiones de sus políticas nacionales a la ciudadanía generamos beneficios también para la ciudadanía española y la europea, y aprendemos a mejorar nuestras propias políticas. La cooperación pública contribuye a construir políticas sostenibles para todos.
Tobias Jung Altrogge es director de Estrategia y Comunicación de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, F.S.P. (FIIAPP)
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