Yesid Blanco, médico y activista ambiental colombiano, emprendió una cruzada contra un vertedero de residuos tóxicos que contamina la ciénaga de San Silvestre en Barrancabermeja, Colombia, y afecta gravemente la salud de los habitantes de la zona. Por sus denuncias recibió amenazas de muerte.
Blanco dijo que detectó que esa contaminación causó deformaciones en bebés y tras denunciar la situación, además de las amenazas de muerte, sufrió campañas de desprestigio y le abrieron procesos penales que afirma lo hicieron con acusaciones falsas.
Ante la posibilidad de que lo encarcelaran, salió de Colombia, considerado el lugar más peligroso del mundo para los activistas ambientales, y se exilió en Estados Unidos.
Colombia lideró la clasificación mundial de asesinatos de activistas ambientales con 60 en 2022, casi el doble de los registrados en 2021 cuando 33 activistas perdieron la vida, según el informe anual de Global Witness divulgado el pasado 13 de septiembre.
Durante el año pasado, al menos 177 activistas ambientales murieron por “proteger nuestro planeta” y el total de asesinatos cometidos desde 2012 asciende a 1,910.
En promedio, un activista fue asesinado cada dos días en 2022, según Global Witness.
“El agravamiento de la crisis climática y la creciente demanda de productos agrícolas, combustibles y minerales no harán sino intensificar la presión que se ejerce sobre el medioambiente y sobre quienes arriesgan su vida para defenderlo. Además, para silenciar a las personas defensoras cada vez es más frecuente el uso de estrategias no letales, como la criminalización, el acoso y los ataques digitales”, alertó.
Detalló que la situación en América Latina sigue siendo especialmente preocupante. En esa región se registraron 88% de los asesinatos, “una mayoría cada vez más acentuada de los casos registrados en todo el mundo”. De 18 países que documentó en 2022, 11 eran casos de Latinoamérica.
Sonia Zapata, fundadora y presidenta de la organización Embajadores del Orinoco, coincidió en señalar que los defensores ambientales sufren ataques de diferente índole desde hace mucho tiempo y sobre todo quienes están en Venezuela y buscan proteger la Amazonía que es destruida con minería ilegal de oro, diamantes, coltán, y otros minerales de transición.
Venezuela ocupa la sexta posición en el informe de Global Witness y Zapata manifestó que en ese país generalmente es el propio Estado, directa o indirectamente, a través de sus fuerzas de seguridad, grupos paramilitares y otros, a quien se le atribuye responsabilidad por una gran parte de los ataques y hostigamiento.
“Lamentablemente, esta situación ha pasado hasta cierto punto desapercibida a nivel internacional debido, entre otros, a los números tan exorbitantes que registran otros países de la región como es el caso, por ejemplo, de Colombia, Brasil y México”, declaró a Huella Zero la directiva de Embajadores del Orinoco.
Esa organización denuncia la destrucción ambiental, las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad causados por la minería ilegal en el sur del río Orinoco que abarca los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, una inmensa área de la región amazónica venezolana.
Zapata dijo que su plataforma ha estado sonando la alarma en Europa y usando estas estadísticas de Global Witness para resaltar la importancia de proteger a defensores ambientales (incluyendo líderes indígenas) en Venezuela. Explica que, aunque no tiene cifras “registradas” tan altas como las de Colombia o Brasil, ha superado a otros países donde este tema se percibe más urgente como Perú, Nicaragua, Guatemala, Indonesia, Suráfrica, la República del Congo, entre otras naciones.
Aclaró que las cifras registradas para Venezuela probablemente no reflejan la situación real, precisamente por el miedo a represalias del Estado.
El Observatorio para Defensa de la Vida (Odevida), ha registrado 80 casos de violencia contra defensores ambientales, incluyendo 32 asesinados entre 2013 y 2021 y la ONG Cerlas registró 30 masacres entre 2012 y 2018 en las zonas mineras al sur de Venezuela.
“A ello hay que sumar el número de desapariciones, tortura, mutilaciones y otras atrocidades que se están cometiendo al sur del Orinoco como consecuencia de la minería ilegal en la zona que el Estado venezolano promueve a través del ‘Arco Minero del Orinoco’”, dijo Zapata.
En el informe se indicó que la Amazonía es uno de los ecosistemas más valiosos de la Tierra y tiene una función decisiva en la lucha contra la emergencia climática mundial.
“Pero la Amazonía y sus habitantes están en peligro. La deforestación provocada por la ganadería, la minería del oro, la explotación forestal y otras actividades extractivas está haciendo estragos, mientras los vertidos de petróleo contaminan los ríos y afectan a los ecosistemas locales”, advirtió Global Witness.
Zapata destacó la correlación que existe entre la violencia contra los defensores ambientales, el territorio y las actividades extractivistas, lo que afecta en gran medida a una población muy vulnerable: los pueblos indígenas.
“Justamente esta semana, fuerzas militares arremetieron contra los habitantes de Yapacana, un parque nacional de gran valor ecológico donde el propio Estado (venezolano) ha venido permitiendo la minería ilegal durante décadas”, dijo.
Al ser preguntada por Huella Zero cómo lograr que se proteja el trabajo de los activistas ambientales, Zapata dijo que en el caso de Venezuela se debe exigir a las instancias internacionales que conocen las denuncias que aceleren sus procesos y ejerzan presión para que los asesinatos y violencia no queden impunes.
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