Como era de esperar, estas semanas en que la movilidad se ha visto muy reducida debido al confinamiento generalizado por culpa del coronavirus se ha producido un drástico descenso de la contaminación atmosférica en general y, en particular, en las ciudades. La Agencia Espacial Europea (ESA) se ha encargado de constatarlo con las imágenes tomadas por el satélite Sentinel 5P, que muestran una acusada disminución en las concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) sobre varias grandes ciudades de toda Europa, incluidas Madrid, París y Roma. En la India parece ser que incluso han vuelto a poder ver la cordillera del Himalaya en el horizonte por primera vez en tres décadas, tras desaparecer la nube de contaminación que la estaba ocultando.
Además de disponer de cielos más azules y límpidos, este efecto será beneficioso para la salud, mientras dure. En ese sentido conviene recordar que en la Unión Europea (UE), según el Informe sobre la calidad del aire en Europa – 2018 de la Agencia Europea del Medio Ambiente, la cantidad estimada de muertes prematuras causadas por la exposición a ciertos contaminantes atmosféricos en 2015 fue la siguiente: a las partículas PM2.5: 391.000 personas en los países de la UE-28 (2.900 de ellas en España); al dióxido de nitrógeno (NO2): 76.000 personas en la UE-28 (8.900 en España); y al ozono a nivel del suelo: 16.400 personas en la UE-28 (1.800 en España). Cifras que demuestran claramente la gravedad del problema.
También las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como el CO2, causantes del cambio climático, se han reducido momentáneamente de forma significativa a causa de la crisis del COVID-19. Esto es sólo un pequeño respiro, que, lamentablemente, no permite restar gravedad a la crisis climática pues la concentración de GEI en la atmósfera sigue siendo demasiado elevada.
De acuerdo con datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), el sector transporte representó en su conjunto el 27% de las emisiones totales de GEI en España en 2018. El transporte por carretera, por sí solo, representa casi el 95% de las emisiones totales de este sector. Un tercio de las emisiones del transporte por carretera se concentra en aglomeraciones urbanas.
La conclusión es obvia: nuestro actual modelo de movilidad es sumamente nocivo para la salud y el medio ambiente. Y ello es debido, en su mayor parte, a que la mayoría de los vehículos del total existente funciona aún con combustibles fósiles. En España, es algo más del 95% de los 32.929.004 vehículos de todo tipo que, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) había en 2017. Los combustibles fósiles son la causa principal del calentamiento global del planeta así como de la mala calidad del aire que respiramos en nuestras ciudades, entre otros problemas ambientales y de salud pública.
La clave está en actuar decididamente para poder cambiar la situación. La movilidad es un tema muy complejo que hay que abordar desde diferentes perspectivas y actuar desde múltiples planos para incrementar su sostenibilidad.
Uno de ellos es el transporte al trabajo, especialmente importante dado que el 30% de los desplazamientos en día laborable a nivel nacional son por este motivo, según un informe conjunto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) y la DGT de junio de 2019. Además, según ese mismo informe, la mayoría de trabajadores europeos utilizan el vehículo privado motorizado para acceder a su lugar de trabajo. Así, en España, según el último censo disponible, el 61,5% de los desplazamientos al trabajo se realizaba en vehículo privado (coche o moto), el 17,6% en transporte público, el 16,8% a pie, el 2,3% en bicicleta y el 1,8% de otros modos.
Una manera de cambiar esta situación es fomentando el teletrabajo, el cual por su gran eficiencia en coste y por su innegable eficacia para la consecución de la reducción de desplazamientos al trabajo debería ser uno de los elementos clave de los Planes de Transporte al Trabajo (PTT) de las empresas.
Hasta la brusca irrupción del coronavirus, en la mayoría de las empresas españolas (entendiendo el concepto de empresa de forma amplia: empresas propiamente dichas, Administración, entidades de otro tipo, como las del Tercer Sector, etc.) imperaba la cultura del «presencialismo», lo que ha llevado a que éstas hayan despreciado o no hayan querido tener en cuenta las enormes ventajas del teletrabajo, a pesar de que los avances tecnológicos lo hacen posible en una gran mayoría de los casos. En este sentido, España lleva un importante retraso con respecto a otros países de la UE, que inteligentemente han apostado de forma más decidida por esta opción. No obstante, como la crisis del coronavirus ha venido a demostrar, el teletrabajo es una alternativa viable para una parte significativa de los puestos de trabajos de un gran número de empresas en España.
Desde la declaración del estado de alarma, el Gobierno ha potenciado esta modalidad de trabajo (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; y otras normas posteriores complementarias) y, el pasado 21 de abril, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, manifestó que el teletrabajo «No es una solución de emergencia» sino que «ha venido para quedarse».
Esta es sin duda una decisión inteligente, pero que debería organizarse bien, de forma calmada, en las próximas semanas, siempre teniendo en cuenta los planteamientos de los distintos agentes implicados sobre cómo implantar el teletrabajo en cada empresa de forma eficaz y beneficiosa para todas las partes.
Sería completamente ilógico que, cuando se dé por superada la pandemia, los trabajadores volvieran a sus lugares de trabajo en masa como antes de la crisis, y repitiéramos otra vez los absurdos atascos de entrada y salida de las ciudades, que tanta pérdida de tiempo y dinero producen y tanta contaminación generan. Deberíamos actuar con más inteligencia al construir la nueva normalidad post COVID-19 y no cometer los mismos errores de antes, también en este asunto de la movilidad y el teletrabajo.
Parece que, al menos en la UE, va cogiendo fuerza la idea de que la crisis provocada por el coronavirus puede ser una oportunidad para hacer mejor las cosas a partir de ahora en lo que se refiere a nuestro modelo de desarrollo y que la necesaria recuperación económica post-pandemia debe basarse en criterios de sostenibilidad ambiental y de lucha contra el cambio climático.
En este contexto, se echa en falta en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) del actual Gobierno una apuesta clara y decidida por el teletrabajo. El PNIEC no realiza un análisis de las grandes posibilidades del teletrabajo en España en relación con su contribución potencial a la reducción de desplazamientos y por lo tanto de las correspondientes emisiones de GEI y otros contaminantes del aire.
Sería deseable que el PNIEC y la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética introdujeran en su redacción la obligación de que los Planes de Transporte al Trabajo (PTT) de las empresas (en el sentido amplio de la palabra, antes mencionado) incluyan necesariamente un apartado en el que se analice de forma pormenorizada el potencial del teletrabajo y que ésta sea una de las medidas prioritarias a aplicar en el desarrollo de los PTT.
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