A menudo pensamos que la solución a todos los problemas pasa por gastar más. Pero en el sector público, gastar es tan importante como gastar bien. Y para gastar bien, hay un pre-requisito fundamental: instituciones sólidas.
Un buen ejemplo de la relación estrecha entre calidad institucional y calidad del gasto es la seguridad ciudadana. En América Latina y el Caribe, el crimen nos cuesta cada año un 3.5% del PIB regional. Eso es, aproximadamente, la misma cantidad que invertimos en infraestructura esencial como carreteras, aeropuertos u hospitales. También es la mitad de lo que gastamos en salud o educación. En la última década, los países de la región han aumentado un 34% su gasto en seguridad. Pero la aguja del crimen no se ha movido. Es más, en los países donde más esfuerzo fiscal se registró entre 2010-2012, solo unos pocos tuvieron un éxito proporcional en la reducción del crimen y la inseguridad. En la mayoría de los casos, el crimen aumentó.
Instituciones sólidas para que el gasto sea una inversión: El caso del sector seguridad
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¿Cómo pueden las instituciones sólidas invertir esa tendencia?
- Más coordinación equivale a más eficacia. Los desafíos en seguridad hunden sus raíces en problemas multidimensionales (sociales, económicos, educativos, urbanísticos…). Una política de seguridad efectiva requiere la coordinación de muchos actores institucionales: policía, centros penitenciarios, tribunales, escuelas, centros de salud… Una herramienta interesante que se está empezando a implementar en algunos países son los delivery units (unidades de gestión estratégica), que permiten eliminar silos y favorecen la implementación de políticas públicas transversales.
- Una cultura (y un sistema tecnológico) que permita compartir información. En el caso de las políticas públicas complejas, es fundamental promover plataformas de interoperabilidad que permitan la colaboración entre todas las instituciones implicadas. En el sistema de justicia criminal, por ejemplo, se ha demostrado que los juicios se resuelven antes en aquellos lugares donde existen plataformas interoperables que vinculan de manera instantánea los datos de los juzgados, policías y los sistemas penitenciarios.
- La transformación digital es un abanico de oportunidades. La tecnología y la innovación están permitiendo alcanzar unos niveles de precisión en la gestión que hasta hace poco eran inviables. ¿Qué avances ha traído la burocracia digital a la seguridad ciudadana en concreto? En una región donde la mitad de los crímenes no se reportan, las nuevas comisarias virtuales está favoreciendo que las víctimas denuncien más. O la digitalización de la justicia, que va desde la tramitación digital de expedientes hasta la introducción de juicios virtuales. Sin duda, un adelanto que puede descongestionar las cárceles de la región, donde el 44% de los presos está en prisión preventiva. Algunos países como Chile, de hecho, han venido construyendo sistemas de justicia digital desde hace varios años. Otros, como Perú y Colombia, han priorizado en sus agendas la digitalización de sus sistemas de policiamiento.
- Los datos de calidad son la gasolina de las políticas públicas basadas en evidencia. La revolución digital ha puesto a disposición de los gobiernos un volumen de datos sin precedentes. Sin embargo, aunque la información y la tecnología ya existen, las instituciones públicas no siempre tienen la capacidad de analizar los datos e incorporar las conclusiones en la toma de decisiones públicas. En materia de seguridad, por ejemplo, cada vez son más los cuerpos policiales que están usando los datos masivos para entender cuales son los “puntos calientes” del delito y, en base a eso, asignar las dotaciones policiales de manera más estratégica.
- El recurso humano sigue siendo el más importante. Por muy bien diseñada que esté una política pública, gran parte del éxito reside en que exista en las instituciones el talento humano adecuado para implementarla y llevarla a buen puerto. En el caso de la seguridad ciudadana, la incorporación, la formación y la retención de policías es esencial. El ejemplo de Honduras ha sido ilustrador: invirtió en equipamiento tecnológico, profesionalizó las fuerzas de seguridad y adoptó una filosofía comunitaria, e impulsó la inclusión de un mayor número de mujeres en la policía. En cinco años la tasa de homicidios bajó a la mitad.
Desafíos importantes, avances alentadores
Reducir la alta tasa de criminalidad es uno de los grandes desafíos que necesitamos abordar de manera urgente. Los ciudadanos latinoamericanos no sólo pagan las consecuencias de vivir en la región más violenta del mundo… también tienen que convivir con que muchos de los delitos nunca se resuelvan. En el 2016 se registraron 24 condenas por cada 100 víctimas, comparado con las 78 en Europa.
Un buen ejemplo de la relación estrecha entre calidad institucional y calidad del gasto es la seguridad ciudadana.En la última década, los países de la región han aumentado un 34% su gasto en seguridad. Pero la aguja del crimen no se ha movido.
En política pública, abrir la billetera del Estado para apalancar reformas es importante pero no suficiente. Además de un buen diseño de una política, es decisivo tener un ecosistema institucional que pueda llevar las medidas a buen puerto. Los países de América Latina y el Caribe necesitan gastar mejor y, para eso, es necesario contar con instituciones sólidas y planes estratégicos que marquen una hoja de ruta clara. La buena noticia es que muchos países están haciendo importantes esfuerzos en modernizar sus estructuras. Y eso, sin duda, es un avance alentador.
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