De acuerdo con el Informe especial: Peligros y Vulneraciones de DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes en la Frontera y Actividades Mineras de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), organización no gubernamental que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, cerca de la mitad de las y los trabajadores de las minas en el estado Bolívar en Venezuela son menores de edad.
“Detrás de cada gramo de oro guayanés en el mercado hay familias separadas, muertes violentas, enfermedades endémicas y lo peor, niños armados, niñas prostituidas, liceístas mineros y trabajo adolescente en semiesclavitud” indica el informe.
De acuerdo con la organización, esta situación se presenta especialmente en el caso de que alguno de los padres o familiares a cargo se desplacen de otras zonas hacia las minas como forma de generar ingresos, lo que pone normalmente a la familia en la situación de llevar a los menores a estas zonas de trabajo minero. En el estado Bolívar se estima que 200.000 personas se han desplazado por cuenta propia para vincularse a la actividad minera, incluidos los niños y sus maestros. La deserción escolar en la entidad supera el 50%, lo que en muchos casos refleja la realidad de los menores llevados a trabajar en las minas como forma de supervivencia.
Según Cecodap “En la comunidad de Brisas del Sol, en San Félix, 90 % de las niñas son abusadas sexualmente”.
El informe refleja dramáticos testimonios sobre la niñez en las minas, como el del Padre Carlos Ruiz, de la parroquia Brisas del Sur de Puerto Ordaz quien relata que: “un niño recién graduado de preescolar murió en una mina. Su abuelo se montó en un tejado a reparar algo y el infante se metió a una laguna, donde se ahogó. A pesar del desespero del abuelo, no se pudo hacer nada.”
“Hay una migración interna proveniente de todo el país. Miles de personas de los pueblos cercanos y de toda Venezuela. Vienen familias completas, nómadas. Un porcentaje de esas familias se consideran flotantes, son alrededor de 200 mil familias. El gran problema es que esos infantes no son escolarizados, van a la mina como un trabajador más. Corren riesgos de accidentes, padecen paludismo, y viven experiencias violentas” señala el párroco Giannino Prandelli.
Prandelli informó que en la plaza Bolívar, frente a la iglesia en El Callao duermen alrededor de 60 niños que conforman bandas, y trabajan en las minas lavando tierra o manipulando los molinos desde muy temprano en la mañana. La mano de obra infantil en las minas resulta económica y útil.
Sin embargo, el informe de la organización destaca que si bien llevarse los niños a residir a la mina, puede resultar nocivo para ellos, los familiares que los dejan en la ciudad al irse a las minas también enfrentan situaciones de peligro al poner a los infantes, especialmente a los preadolescentes, a cargo de responsabilidades para las cuales no están mínimamente preparados.
También la migración interna de maestros y maestras a las zonas mineras afecta a las y los menores en la entidad. Neyda Lambos, maestra indígena del municipio Sifontes indicó que hay una escuela en su comunidad que no empezó clases porque las maestras estaban en las minas. Esta particularidad se presenta por la necesidad del docente de cubrir los gastos familiares y como opción encaminan sus pasos hacia las zonas de extracción del oro, donde tienen la posibilidad de ganar en un día su sueldo de todo un año como maestros.
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