La utilización de datos se ha convertido en el nuevo «oro negro» del big data en la lucha contra la corrupción. Cada día, nuestras acciones, interacciones y transacciones producen 2.5 trillones de bytes de datos. ¿Cómo traducimos eso al lenguaje común? Sería el equivalente en la información contenida por diez millones de discos blu-ray que, si fueran apilados los unos sobre los otros, se elevarían a una altura cuatro veces superior a la Torres Eiffel.
La paradoja de esta revolución digital es que ha coincidido con una profunda crisis de confianza en las instituciones públicas. En América Latina, los mega-escándalos de corrupción coexisten con una expansión sin precedentes de la transparencia pública y del activismo cívico de las civic-tech. Los Panama Papers o los escándalos Odebrecht nos han demostrado como los datos masivos pueden utilizarse para destapar delitos de corrupción. Si nos fijáramos únicamente en la velocidad de las innovaciones, la lógica nos llevaría a pensar en que en poco tiempo la corrupción debería ser cosa del pasado. Desafortunadamente, para eso todavía tenemos mucho camino por delante.
Aunque la información y la tecnología ya existen, la realidad es que los gobiernos están abriendo sus datos lentamente -lo que se une a un bajo análisis de los mismos debido a la insuficiente capacidad analítica en el sector público. Según el Global Open Data Index, menos de 10% de los datos gubernamentales en el mundo están disponibles en un formato abierto. De nuestra región, sólo tres países (México, Uruguay y Brasil) están entre los 20 países con los datos los más abiertos. La transparencia digital de los contratos públicos, particularmente vulnerables a la corrupción, permanece especialmente opaca: menos de 10% de los 120 países examinados por el Open Contracting Partnership han abierto sus datos sobre licitaciones y adquisiciones públicas.
Corrupción y big data
Progresivamente, los datos masivos y abiertos están cambiando el panorama de la lucha contra la corrupción y tienen un potencial importante para la implementación de medidas contra la corrupción como las que están previstas por la Ley Sapin II en Francia. La experiencia de América Latina arroja varias consideraciones:
- El uso de inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción requiere datos de calidad, pero también importantes capacidades analíticas para explotarlos. En Brasil, la plataforma de datos abiertosdel gobierno publica un gran número de bases de datos que un motor de análisis de datos puede conciliar y cruzar. Por ejemplo, en 2015, el Observatorio de los Gastos Públicos revisó más de 120,000 contratos públicos y destapó más de 7,500 casos que suponían $104 millones de dólares en operaciones financieras de dudosa legalidad. El reto aqúí es que el análisis de datos masivos sigue siendo un talento escaso en el mercado laboral y el sector público no consigue atraerlo en suficiente medida. Para invertir esa tendencia, algunos países han creado laboratorios de innovación para atraer a talento joven, maximizar el potencial de la información pública y promover la innovación.
- Las start-up digitales especializadas en la lucha contra la corrupción, las llamadas trust techs, tienen que desempeñar un papel fundamental. Estos start-ups cívicos están brotando, impulsados por jóvenes conectados para monitorear la actividad gubernamental con una precisión inquisitiva y una velocidad disruptiva. En México, Data Cívica explotó de esta manera las declaraciones de patrimonio de los funcionarios y reveló que menos de un 20% habían declarado sus ingresos y, aun en menor cantidad, habían identificado los conflictos de interés. En Brasil, las irregularidades que condujeron al derrocamiento de la Presidenta Dilma Rousseff en 2016 fueron detectadas por una start-up cívicamientras revisaba los gastos públicos abiertos a través del portal de transparencia del gobierno. Otra start-up desarrolló un robot de inteligencia artificial llamado Rosie y puso en marcha la operación «Serenata de amor» con un financiamiento participativo (crowdfunding) para estudiar minuciosamente los gastos operativos de los parlamentarios – tales como boletos de avión y comidas de negocios. Rosie descubrió más de 8,000 solicitudes de reembolso sospechosas y 600 fueron transmitidas a la Oficina de Ética del Parlamento.
- El activismo cívico de las trust techs tiene más impacto cuando se conecta con los mecanismos existentes de control, a fin de facilitar que los casos de corrupción acaben en procedimientos judiciales y medidas correctivas. En Colombia, el Secretariado de la Transparencia de la Presidencia desarrolló una aplicación de crowdsourcing colectivo que permite a los ciudadanos denunciar “éléfantes blancos”, el sobrenombre con el que se conocen allí las obras públicas incompletas o cuyos precios han sido inflados de manera artificial. En 2015, este secretariado identificó 83 elefantes blancos por un valor total de casi $500 millones de dólares y supuso el inicio de numerosos procedimientos penales.
- Es necesario que los datos del sector privado sean más abiertos, especialmente en las industrias más vulnerables a la corrupción de alto nivel. La «revolución de datos» ha reducido las asimetrías de información, que a menudo suelen ser aprovechadas para ocultar prácticas ilegales. Hoy en día, existe una campaña mundial para abrir los datos sobre los beneficiarios finales de las empresas y vehículos júridicos, especialmente en las industrias extractivas. Por ejemplo, Colombia ha creado una plataforma de datos abiertos, Mapa Regalias, donde cada ciudadano puede monitorear como los impuestos pagados por las compañías mineras se reinvierten en obras públicas. Otras iniciativas, como Open Corporates y Open Oil, constituyen buenos ejemplos de esfuerzos para aprovechar la tecnología de datos para transparentar la gobernabilidad de las empresas.
Si bien las nuevas tecnologías están expandiéndose a un ritmo vertiginoso, aún queda mucho por hacer. Sin embargo, el dinamismo de las trust-techs recuerda a la famosa frase de Henri Matisse de “la creatividad requiere valentía”.
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