Luciana Peinado
Dr. Fabrizio Scrollini, investigador a
cargo de DatysocEn junio de 2017, el diario The New York Times informó que prominentes activistas y periodistas mexicanos fueron blanco de un software de vigilancia que supuestamente se vende en exclusiva a los gobiernos y sólo puede usarse contra objetivos muy específicos. Investigadores internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se enfrentaron a la vigilancia ilegal mientras investigaban la muerte de 43 estudiantes en el estado de Guerrero.
A pesar de las revelaciones de Edward Snowden, los debates sobre la privacidad se mantienen apagados en América Latina.
Las ONG mexicanas Social Tic, RD3 y Article 19, con el apoyo de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, expusieron estos incidentes. También participaron en Open Government Partnership, una alianza de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que impulsa reformas gubernamentales a través de varios mecanismos de diálogo. Para agregar complejidad a este asunto, algunos de los activistas espiados fueron los principales miembros de esta alianza. La situación entonces parece ser la siguiente: líderes de la sociedad civil que avanzaban en el diálogo con el gobierno mexicano y participaban en conversaciones de buena fe para cambiar aspectos clave de la administración pública y la política fueron espiados por fuerzas de seguridad desconocidas. Sin duda, esta no es una forma de aumentar la confianza en un proceso de diálogo.
Que la vigilancia ilegal es un problema serio en muchos países latinoamericanos no es noticia, pero la escala y el enfoque de este acto en particular ponen en peligro un mecanismo que entregó algunas vías de reforma prometedoras en el caso mexicano, en particular sus datos abiertos, la anticorrupción y las reformas sobre transparencia.
En Uruguay, la última democracia plena en pie en América Latina –según la Unidad de Inteligencia de The Economist–, también están surgiendo desafíos. El gobierno compró secretamente El Guardian, una aplicación que intercepta llamadas y redes sociales. Sin embargo, está poco claro cómo se usa o los protocolos operativos que sigue. También adquirió Predpol, una herramienta para potencialmente “anticipar crímenes”. Compró además un centro de vigilancia por 20 millones de dólares en la ciudad de Maldonado, instalando más de 2.000 cámaras en el área y cobrando a los residentes por este servicio, sin proporcionar información sobre los costos o procedimientos del centro.
Hasta el momento no hay evidencia de que el gobierno uruguayo tenga software para ejecutar operaciones específicas como su homólogo mexicano, pero las autoridades uruguayas sí se reunieron con Hacking Team, una compañía de software italiana que ha vendido ilegalmente software de piratería a numerosos gobiernos en América Latina. También hay una amplia evidencia de que los militares espiaron a todos los partidos políticos uruguayos utilizando técnicas más tradicionales, desde el año 1985 al menos hasta 2007. En resumen, ni siquiera un país tan pequeño y relativamente democrático es inmune a tales prácticas.
Los ciudadanos están hoy sujetos a un grado de vigilancia sin precedentes, aunque a menudo en formas menos obvias.
La situación actual es problemática. Por un lado, los gobiernos podrían necesitar de forma legítima nuevas herramientas para luchar contra los crímenes, en especial contra el crimen organizado, que es un tema muy serio en América Latina. Alguna tecnología de vigilancia podría ayudar a estandarizar operaciones y procedimientos dentro de las fuerzas de seguridad e inteligencia, limitando así sus actividades.
Por otro lado, los gobiernos parecen estar comprando este tipo de dispositivos sin ningún tipo de guía o marco para asegurar que se garanticen los derechos humanos y las libertades básicas de los ciudadanos. Dadas las tecnologías actuales disponibles para los organismos de seguridad, la libertad de expresión, la privacidad y la igualdad de trato por parte de las autoridades públicas podrían verse amenazadas.
En Abrelatam-Condatos, el foro de datos abiertos más relevante de la región, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, remarcó la idea de que los gobiernos “no sean bifrontes”. Es decir, que los mismos gobiernos que permiten la colaboración, brindan datos abiertos y mejoran el gobierno abierto, también están llevando adelante operaciones dudosas y la compra secreta de nuevas herramientas tecnológicas.
Hay cuestiones clave de política para abordar el tema de si las democracias deben permanecer seguras en una era de tecnología de vigilancia agresiva. La seguridad tiene un costo, pero este costo puede ser irrazonable.
Un marco claro debería considerar las cuestiones de necesidad y proporcionalidad para adquirir y utilizar estas tecnologías, así como identificar qué agencias podrán explotarlas. El mismo marco debería requerir un conjunto de informes sobre el uso de estas tecnologías, incluso si han utilizado a terceros (como las telecomunicaciones) para llevar a cabo sus operaciones.
Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas rara vez tienen la capacidad o los recursos para tomar una posición y participar en los procesos de reforma. La vigilancia tiene una larga historia en América Latina, pero esta nueva ola –cuyo software de espionaje es sólo la punta del iceberg– es completamente distinta dada la naturaleza, escala y costo de estas tecnologías. Se necesita una sociedad civil comprometida y consciente de los desarrollos internacionales para garantizar un escrutinio y debate adecuados.
Como Martin Lodge, profesor de Escuela de Economia y Ciencia Politica de Londres, ha argumentado persuasivamente, existe la espinosa cuestión de la rendición de cuentas y el cumplimiento. Los comités legislativos, las estrictas reglas de transparencia y los organismos internacionales son herramientas iniciales de política a considerar, pero pueden no ser suficientes para contrarrestar el uso indebido de algunas tecnologías en el contexto de las democracias frágiles.
No está claro cuándo o cómo los latinoamericanos tendrán el tipo de conversación necesaria para despejar la neblina que rodea el estado actual de la vigilancia en la región, así como sobre cuestiones más generales acerca de la mejora de la privacidad en la era digital. Pero si tal conversación no tiene lugar, cualquier esfuerzo noble hacia un gobierno abierto permanecerá manchado por la sombra oscura de la vigilancia.
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