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En pleno centro de Santiago, en el barrio de Recoleta, entre mercados populares y el ir y venir frenético de pequeños comerciantes, se encuentra la Farmacia Popular Ricardo Silva. El establecimiento, que hace honor al estudiante de Química y Farmacia que murió asesinado por la CNI en plena dictadura, atiende cada día alrededor de un centenar de personas.
Uno de sus clientes habituales es Lautaro Araneda, un profesor de escuela pública de 59 años a quien le diagnosticaron problemas al corazón e hipertensión. Aunque el hombre no quiere dar detalles de su enfermedad, reconoce que necesita medicarse a diario para convivir con ella de forma más o menos llevadera.
Desde que Lautaro decidió adquirir sus medicamentos a la farmacia popular gasta mensualmente 7.200 pesos chilenos (casi 10 euros), pero antes invertía 70 euros al mes en fármacos de la misma marca y dosis que los que consume ahora. “Nunca me los compraba todos porque no me alcanzaba, entonces elegía un mes unos y otro mes otros”, explica.
Nelia Ahumada, otra vecina jubilada del barrio, de 66 años, se estrena en esta farmacia. Necesita unas pastillas para su marido, enfermo de la próstata desde hace tres años. Sale satisfecha del establecimiento, pues en su caso el ahorro ha sido de más del 80%. “Vendremos siempre a comprar aquí a partir de ahora”, asegura convencida después de registrarse como vecina del distrito, un requisito indispensable para poder acceder al servicio.
Las farmacias populares fueron una iniciativa impulsada en 2015 por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, un reconocido militante del Partido Comunista, ante el precio de los medicamentos. En Chile, el mercado farmacéutico se reparte en tres grandes cadenas y, según los estudios de mercado, se reparten el 90% de las ventas del país. “La idea nació como respuesta a una demanda ciudadana, sobre todo de la gente mayor, de acercar a la población el derecho a la salud”, explica el edil.
El proyecto, que se trabajó en secreto durante un año y medio, busca dar una salida a un modelo de salud que basa su mercado farmacéutico en un triopolio. Una concentración que empezó hace más de 20 años, con un proceso de economía de escala, en el que las marcas que más crecieron, ligadas a varios grupos económicos, terminaron haciéndose con el mercado de las farmacias de barrio. Así, aumentaron su distribución y consiguieron que los laboratorios les vendieran productos a precios muy inferiores que al resto de sus competidores. El proceso de crecimiento fue muy rápido y les permitió diversificar tanto sus productos que terminaron convirtiéndose casi en minimarkets.
Según el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile Rony Lenz, en la década de los 2000, las tres grandes compañías empezaron a subir los precios, a omitir información a sus clientes y a incentivar a sus empleados para que orientaran la demanda en base a los intereses de la cadena. “Un proceso que se conoció como la canela”, detalla Lenz.
El conjunto de malas prácticas llegó a su máxima expresión el 2008 con el escándalo de la colusión, en el que el oligopolio pactó una subida simultánea del coste de más de 200 fármacos y anuló el sistema de competencia. Diez ejecutivos de las tres grandes marcas fueron acusados de adulteración fraudulenta de los precios de los medicamentos, que en algunos casos llegaron a aumentar en más del 100%. El caso provocó un fuerte impacto y conmoción en la opinión pública y se transformó en uno de los íconos de las políticas anticompetitivas de la historia del país.
Una de las tres farmacéuticas llegó a un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía Nacional Económica, admitió los hechos a cambio de pagar una multa de un millón de dólares. Las otras dos denunciadas no suscribieron el pacto y se sometieron a un juicio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que en 2012 las condenó a pagar una multa de 20 millones de dólares a cada una, el máximo establecido por ley.
La indignación social se disparó cuando la el Ministerio Público ofreció un acuerdo a los imputados que implicaba asistir a clases de ética empresarial y pagar una multa en forma de donaciones a instituciones de salud y ONG. Los ejecutivos, sin embargo, rechazaron el pacto y fueron a juicio penal, en el que finalmente quedaron absueltos en 2015. En un fallo dividido, el tribunal estableció que sí hubo “coordinación” de precios, sin embargo, concluyó que “no es dable inferir pura y simplemente del vocablo coordinar una intención falaz, una intención destinada a conseguir como resultado la tergiversación artificial y capciosamente para lucrar, con ello causando perjuicio a los destinatarios de los medicamentos".
En 2008, diez ejecutivos de las tres grandes marcas fueron acusados de adulteración fraudulenta de los precios de los medicamentos, algunos aumentaron más del 100%.
Precios hinchados
En Chile el coste de los fármacos es más alto que en Estados Unidos, Europa u otros países de la región. Un estudio de la Universidad de Chile publicado en abril de 2017 sobre los precios de medicamentos en Argentina, Brasil, Perú, México, Colombia y Chile indica que éste es —en promedio— el segundo país con los remedios más caros.
En el país andino el mercado de los fármacos opera bajo un modelo de libre comercio, en el cual la libre competencia y las variables propias del mercado determinan los precios de los medicamentos. No existe ninguna regulación ni subsidios estatales que eviten que el alza de los precios afecte al bolsillo del consumidor. Sólo los fármacos que tratan las enfermedades del llamado Régimen de Garantías Explícitas (GES) —una lista de 80 problemas de salud que incluye depresión, diabetes, VIH e hipertensión arterial, entre otros— son obligatorios de cubrir tanto por el sistema público (Fonasa) —a través de la entrega de productos en los consultorios u hospitales—, como por los seguros de salud privados (isapres).
Otro factor que eleva los precios es la falta de genéricos. Aunque su comercialización se ha impulsado desde los noventa, Rony Lenz, que se dedica al estudio de la industria farmacéutica chilena desde hace casi 30 años, apunta que “hoy funciona sólo al 20% de lo que debería”. Según datos disponibles del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), en enero de 2017 las tres grandes cadenas contaban sólo con un 42% de los bioequivalentes que existen en el país. Un problema que, para el experto, tiene relación directa con las presiones que los laboratorios ejercen a autoridades y políticos para proteger sus intereses económicos.
Un modelo a imitar
Desde que en octubre de 2015 se inauguró la Farmacia Popular de Recoleta, la fórmula ha sido replicada en todo el país hasta llegar hoy a los 149 establecimientos. El modelo convirtió a los ayuntamientos en dispensadores de remedios gracias a la intermediación de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), un organismo estatal que compra grandes cantidades de productos a los laboratorios a precios muy reducidos para distribuirlos a los consultorios y hospitales de la red de salud pública, y a las farmacias populares. Mientras, los primeros los entregan de forma gratuita, las farmacias municipales los venden a precio de costo.
El éxito del proyecto ha sido indiscutible hasta el punto que incluso los distritos gobernados por alcaldes conservadores han imitado la iniciativa con sus propias variantes. Por ejemplo, en el barrio de Las Condes, uno de los más acomodados de la capital, la administración local compra los remedios directamente a los laboratorios, en vez de adquirirlos al Estado (Cenabast). El alcalde Joaquín Lavín bautizó la propuesta como la “farmacia de la clase media”, para diferenciarla del modelo “popular”.
Sea bajo la forma que sea, las cifras hablan por sí solas del crecimiento de la iniciativa. Según el director de operaciones de la Cenabast, Jaime Espinoza, “mientras en 2015 se entregaron 33 tipos fármacos a una sola farmacia popular, en 2016 fueron 581 variantes de remedios distribuidos a 57 farmacias municipales; y el año pasado se vendieron 534 tipos de fármacos a 89 locales”.
Tras esa expansión, se creó la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), presidida por el alcalde Jadue. El pasado mes de enero la organización llevó a cabo su primera compra con la adquisición de pañales para adulto y preservativos, lo que supuso un ahorro del 395% en el caso de los preservativos y del 92% para los pañales.
¿Un futuro incierto?
En poco más de dos años, las farmacias populares han beneficiado a más de 5.500 personas sólo en el barrio de Recoleta. Daniel Jadue destaca la buena acogida de la iniciativa y asegura que “ha sido de uno de los proyectos de política pública mejor recibido en mucho tiempo en este país”.
Para este año, la Cenabast pretende aumentar en más de 200 los fármacos que pondrá a disposición de las farmacias populares y, según Jadue, el objetivo es encontrar proveedores en el mercado internacional para sustituir los existentes en Chile. “Además de medicamentos, queremos importar insumos médicos, suplementos alimenticios y productos relacionados con la salud, para meter aún más presión al mercado”, explica.
Para Ronny Lenz, la sustentabilidad del modelo pasa por tres estrategias: agruparse y formar un poder comprador —algo que se ha concretado en los últimos meses con la Achifarp—, “tecnologizarse” con un buen sistema de información, y capacitar a los químicos farmacéuticos para que hagan seguimiento de los tratamientos de sus pacientes.
Otro factor para consolidar la iniciativa pasa por reducir el endeudamiento. El año pasado, 73 ayuntamientos con farmacias populares quedaron en deuda con la Cenabast por 737 millones de pesos(más de un millón de euros). Sin embargo, considerando los municipios con farmacias populares y los que no las tienen, la deuda total la Central llega a los 5.144 millones de pesos (más de siete millones de euros). Si las cifras no revierten, el déficit del sector público podría profundizar, empeorando aún más sus precarias condiciones.
En opinión de Lenz, la mejor fórmula a nivel de país pasa por regular el sector farmacéutico privado, específicamente el oligopolio. “Una alternativa es fijar precios derechamente y, la otra, crear un poder comprador público tipo Cenabast pero para el sector privado y que luego las cadenas farmacéuticas distribuyan los productos una vez que el intermediario haya fijado precios con los laboratorios”, propone.
Pero no parece que esta sea la idea que tiene en mente el nuevo presidente del país, Sebastián Piñera, quien asumió el cargo el pasado 11 de marzo. El mandatario no ha explicitado ningún apoyo a las farmacias populares y ha descartado intervenir en el mercado farmacéutico porque considera que el lobby de las grandes cadenas y los laboratorios es muy poderoso.
El futuro de las farmacias populares se dibuja incierto ante el cambio de rumbo político de Chile. Sin embargo, dar pasos atrás será difícil considerando que, según las encuestas, la iniciativa cuenta con un 86% de apoyo ciudadano. Un dato que anotó muy bien el alcalde comunista. Jadue tiene claro que “los gobiernos locales tienen que tomar protagonismo en todos aquellos servicios donde el Estado no opera”. Bajo esa lógica, pretende aprovechar todas las oportunidades para seguir con sus propuestas comunitarias. De hecho, ha decidido trasladar ese modelo a otros servicios necesarios para el distrito. Hoy, la farmacia de Recoleta comparte plaza con una óptica popular y en camino van una inmobiliaria y una librería. El acceso a la cultura y la vivienda serán los próximos proyectos del barrio.
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