Ha pasado ya
más de un año desde la suscripción de la Nueva Agenda Urbana (NAU) en Habitat-III, documento que
ha servido de guía para planificar esfuerzos en materia de desarrollo urbano
teniendo en cuenta retos prioritarios en las siguientes dos décadas, y esta
semana nos hemos vuelto a reunir en el 9º Foro Urbano Mundial (WUF9) para hacer seguimiento de
los avances y discutir su puesta en práctica de forma efectiva.
La aplicación
de la NAU en América Latina y el Caribe requiere un enfoque transversal, con
incidencia en dos dimensiones: (i) la formulación de políticas
urbanas, marcos
legales nacionales y corrección de deficiencias institucionales y de
gobernabilidad; y (ii) la financiación de reformas de sistemas de uso y
gestión del suelo; sistemas fiscales locales y movilización de recursos; y
prestación de servicios básicos, infraestructura y de vivienda social.
Por ello,
vemos prioritario enfocarnos en tres puntos a la hora de avanzar en la Nueva
Agenda Urbana:
1. Gestionar el
uso de suelo y la planificación urbana y metropolitana
La
urbanización sobrevenida en América Latina y el Caribe ha sido asociada
frecuentemente con el uso fragmentado y no planificado del suelo, la expansión
desproporcionada de la huella urbana, la segregación espacial, la ineficiencia
de asignación, el crecimiento de baja densidad en la periferia y, en ocasiones,
la desocupación de los centros de las ciudades. En el caso de las áreas
metropolitanas que comprenden varios municipios, la incapacidad para coordinar
las políticas de uso del suelo y las inversiones estratégicas suelen paralizar
el normal accionar de las ciudades. Estas situaciones plantean un serio desafío
al momento de financiar infraestructuras bajas en emisiones de carbono y
servicios públicos, obstaculizando la productividad de las ciudades.
Desde el BID
seguimos trabajando con gobiernos nacionales y locales para desarrollar
la capacidad institucional necesaria que les
permita establecer protocolos de desarrollo y planificación urbana, la
aplicación de marcos legales y de políticas, y el desarrollo de sistemas de
incentivos que den una respuesta coordinada toda el área metropolitana. Este
ejercicio de fortalecimiento se traduce en una planificación integrada,
inclusiva y acorde con un eficiente ordenamiento territorial.
El caso de
México, país con el que estamos trabajando, merece mención especial,
especialmente en dos puntos destacables. El primero de ellos, el liderazgo
demostrado a través de la aplicación de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano—que incluye el desarrollo del marco de políticas y
los instrumentos jurídicos para el desarrollo urbano, o la compleja
coordinación institucional en una ciudad de las dimensiones del Distrito
Federal. En segundo lugar, cabe mencionar el explicito esfuerzo por avanzar el cumplimiento
de los compromisos nacionales en materia de cambio climático mediante la
implementación de un sistema de incentivos que ayuda a lograr una ciudad
más compacta.
Igualmente,
es importante promover la aplicación de nuevas herramientas, como las
tecnologías digitales aplicadas a la cartografía de alta resolución a prueba en
Georgetown (Guyana), que ayuden a desarrollar sistemas de registro y gestión
del suelo y constituir un instrumento efectivo para mejorar la recaudación en
gobiernos locales. Esto nos lleva al siguiente punto:
2. Financiamiento
de las administraciones locales
La inversión
en infraestructura sigue siendo uno de los mayores desafíos en América Latina y
el Caribe. La localización de la NUA plantea un reto mayor aun, ya que rara vez
los recursos generados o transferidos a gobiernos locales se ajustan a las
necesidades de financiación de proyectos de grandes dimensiones. Ello requiere
un esfuerzo coordinado que combine lo público —nacional y subnacional— y lo
privado, que implica colaborar con los gobiernos municipales para fortalecer
sus fuentes tradicionales de ingresos, mejorar el acceso a mercados de capital
—nacionales o internacionales—, intermediarios financieros, diversificación de
nuevos instrumentos financieros y, finalmente, la colaboración de los
municipios para lograr estructuras de interés metropolitano y asociaciones
público-privadas.
El trabajo
con gobiernos municipales en países como Brasil o Colombia ha sido clave para
mejorar su situación fiscal y de auditoría, su capacidad de recaudación,
racionalización de gastos, desarrollo de sistemas de gestión financiera o de
información más eficientes. También se han dado interesantes avances en materia
de regulación y eficiencias con empresas municipales en países como Chile,
Colombia, Perú y Jamaica, permitiendo la recuperación de costes por
servicios.
3. Acceso a
financiamiento para los municipios
En países con
adecuados sistemas de evaluación de endeudamiento local, el financiamiento por
parte del gobierno central de infraestructura en zonas urbanas se puede
complementar con préstamos al municipio, a través de intermediarios financieros
nacionales— como FINDETER en Colombia y BANOBRAS en México—, la banca nacional,
o préstamos de instituciones financieras internacionales como el BID con una
garantía soberana— como ha sido el caso en la ciudad de Buenos Aires.
Además, hay
varios instrumentos menos intervenidos que las ciudades deben considerar para
apalancar sus activos y facilitar el acceso a la financiación del sector
privado. El primer instrumento es la captura del valor del suelo. Estudios en
ciudades como Xalapa, Quetzaltenango y, más recientemente, Medellín muestran
conclusiones halagüeñas.
Por otra
parte, las asociaciones público-privadas han demostrado efectividad en
distintas geografías del planeta, aunque su establecimiento en América Latina y
el Caribe todavía no es una práctica generalizada. El trabajo del grupo BID en
la mejora de marcos regulatorios y más recientemente la estructuración
operativa en proyectos urbanos, por ejemplo, de alumbrado público, indica un
desarrollo creciente.
Desafíos latentes
Aunque se ha
avanzado mucho, quedan todavía desafíos por afrontar. El más visible apunta a
la importancia de comprender la multiplicidad de soluciones, en función de las
necesidades de cada ciudad. La financiación municipal no puede ni debe
abordarse desde un enfoque de café para todos.
Se necesitan
mecanismos hechos a medida y apropiados para hacer un seguimiento debido al
endeudamiento de las administraciones locales, aun por desarrollar en la mayor
parte de países de nuestro entorno. Todo ello con la consiguiente revisión
periódica, pues las finanzas municipales son dinámicas.
Finalmente,
urge encontrar productos financieros alternativos, ya que los mercados de
capital generalmente se han mostrado proclives a productos de corto plazo,
difícilmente sostenibles para las ciudades.
Nuestro
objetivo con esta conversación es apoyar a que las ciudades logren la necesaria
capacidad para preparar proyectos que tengan acceso a financiación y evaluar
con mayor precisión los instrumentos financieros más apropiados.
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